>La tradicional confitería La Palma avanzó con la inauguración de su nueva expansión sobre bulevar 25 de Mayo. El proyecto fue autorizado por la Municipalidad y trabajado con el propio gobierno local. El dato adquiere especial interés político porque la Asesoría Letrada municipal está a cargo de Gustavo Colombatti, integrante de la familia vinculada históricamente al tradicional comercio.
La imagen difícilmente pase desapercibida para los vecinos: mientras la Municipalidad de San Francisco habla de ordenamiento del espacio público y establece reglas para el uso de veredas, la primera expansión de este tipo en la ciudad se realiza precisamente frente a uno de los comercios más tradicionales y poderosos del centro.
La propia familia Colombatti confirmó que el proyecto fue presentado ante el Municipio, que realizó observaciones y modificaciones antes de aprobarlo. “Presentamos el proyecto, lo revisaron, nos hicieron correcciones y adaptamos todo de acuerdo a la ordenanza”, explicó Cecilia Colombatti a El Periódico.
El dato político es inevitable.
Gustavo Colombatti, integrante de la familia propietaria de La Palma, ocupa desde agosto de 2024 el cargo de asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco, designado durante la gestión del intendente Damián Bernarte.
La Palma, por su parte, no es un comercio cualquiera. Se trata de una empresa familiar con una trayectoria de prácticamente un siglo en la ciudad y que actualmente es conducida por distintas generaciones de la familia Colombatti.
Las reglas para algunos, las excepciones para otros
El interrogante que queda abierto no es necesariamente si el proyecto cumplió formalmente con una ordenanza (el propio comercio sostiene que realizó las modificaciones exigidas por el Municipio), sino qué criterios utiliza el gobierno municipal para decidir quién puede ocupar y transformar el espacio público, en qué condiciones y con qué controles.
Porque si el Municipio pretende presentar esta intervención como una nueva política para el centro, corresponde preguntar si las mismas posibilidades están disponibles para todos los comerciantes gastronómicos de San Francisco, bajo idénticos requisitos, costos, plazos y condiciones.
De hecho, según declaró la propia familia Colombatti, otros empresarios gastronómicos también habían solicitado iniciativas similares e incluso existieron pedidos conjuntos a través del Centro Empresarial.
La pregunta, entonces, es sencilla: ¿se trata de una política general para todos o de una oportunidad que termina materializándose primero para quienes tienen mejores vínculos con el poder?
Un símbolo incómodo para el oficialismo
La situación adquiere todavía mayor relevancia porque ocurre durante una gestión identificada políticamente con el peronismo local y encabezada por Damián Bernarte.
Para sus críticos, la escena representa una contradicción: un gobierno que habla de igualdad de oportunidades mientras permite que una empresa perteneciente a una familia estrechamente vinculada con la estructura municipal sea la primera en beneficiarse de una transformación del espacio público.
La acusación más grave, que exista un beneficio irregular o un incumplimiento deliberado de las normas, requeriría documentación concreta que hasta ahora no aparece en las fuentes públicas consultadas.
Pero políticamente queda planteada otra discusión: si las reglas son realmente iguales para todos, el Municipio debería poder explicar con claridad cuáles fueron los criterios utilizados, qué requisitos debió cumplir La Palma, qué costos afrontó y si cualquier otro comerciante que reúna esas mismas condiciones puede acceder al mismo beneficio.
Porque en una ciudad donde los vínculos entre política, funcionarios y empresarios son permanentemente materia de debate, la transparencia no consiste solamente en cumplir una ordenanza: también consiste en demostrar que la ordenanza se aplica de la misma manera cuando el beneficiario es un amigo, un funcionario o una familia con vínculos históricos con el poder.