>El arreglo de listas para el Consejo de la Magistratura desnuda la transformación de aquel que alguna vez quiso ser el nuevo caudillo del interior.
En julio de 2023, en el fragor de los festejos por el triunfo de Daniel Passerini en la capital cordobesa, Martín Llaryora pronunció una frase que parecía destinada a quedar grabada en la historia del federalismo argentino: “Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos vengan a explicar qué hacer y qué no hacer los pituquitos de Recoleta”. En ese discurso, el entonces gobernador electo no solo descalificó a la dirigencia porteña por “no producir nada” y “gobernar con los recursos del interior de la Patria”, sino que lanzó una advertencia que resonó en todo el país: “Algún día, nosotros vamos a ir también por la nuestra”. En ese momento, Llaryora se erigió como la joven promesa del federalismo, el líder cordobés dispuesto a plantarle cara al centralismo porteño.
Tres años después, esa promesa se ha desvanecido. Esta semana, el gobernador de Córdoba consumó una alianza que contradice frontalmente aquel discurso épico: se alineó con el peronismo bonaerense para respaldar la candidatura de Diego Molea, un dirigente del conurbano, en la lista de abogados para el Consejo de la Magistratura. La noticia no es menor: el mismo Llaryora que denunciaba la “colonización cultural” de Buenos Aires ahora teje acuerdos con las estructuras del PJ bonarense para disputar un organismo clave del Poder Judicial.
El “pituquito” que ahora se sienta en la mesa del PJ
La ironía es tan gruesa que roza el esperpento. La lista que Llaryora apoya está encabezada por candidatos con fuertes vínculos con el gobierno cordobés, pero la estructura política que la sostiene es la del peronismo bonaerense de Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y hombre de peso en la General Paz. Del otro lado, la lista del kirchnerismo duro (La Cámpora y Juan Manuel Olmos) postula a Itatí Demarchi, una abogada cordobesa de Villa María, lo que evidencia que incluso el kirchnerismo, en su lógica de disputa interna, supo cooptar figuras del interior para no quedar expuesto al mismo reproche.
Llaryora, en cambio, eligió el camino inverso: se abrazó al PJ del conurbano. No hay aquí una defensa del interior, sino una operación de poder para garantizarse un lugar en la mesa judicial nacional. El federalismo, aquel grito de 2023, quedó reducido a un gesto de campaña.
La Córdoba de dos velocidades
La contradicción no es solo discursiva. En la gestión provincial, el sesgo centralista es una marca registrada. Mientras Llaryora declama federalismo hacia Buenos Aires, hacia adentro de Córdoba repite el mismo patrón que critica: la capital lo absorbe todo. El plan de alumbrado público por $37.500 millones anunciado junto a Passerini (con 165.000 luminarias para la ciudad) desató el reclamo de intendentes del interior, que advierten que “una vez más” se concentran recursos y poder en la ciudad central.
Un intendente peronista del interior lo resumió con crudeza: “El costo de sostener la gestión en la capital se está llevando la mayor parte de los recursos”. El federalismo que Llaryora reclama hacia la Rosada no se replica puertas adentro de su propia provincia. La capital, con Passerini como socio estratégico, se lleva la obra pública, la atención mediática y los anuncios rimbombantes. Los departamentos, mientras tanto, siguen esperando.
De promesa a problema: el fantasma de 2027
La pregunta que sobrevuela en los pasillos del Panal es inevitable: si Llaryora no puede sostener el discurso federalista ni hacia afuera ni hacia adentro, ¿cómo piensa retener la provincia en 2027? Las encuestas, a principio de año le sonreían: un 35% de intención de voto lo mantiene como favorito, con una oposición fragmentada entre Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni. Pero el diablo está en los detalles: su imagen positiva es del 49%, apenas por encima de su rechazo del 46%, mientras que Javier Milei, con el 61% de aprobación en Córdoba, lo supera con comodidad.
El escenario más peligroso para Llaryora es el que mide con un candidato “de Milei” sin nombre propio: allí el gobernador obtiene 37% frente al 34% del candidato libertario, una diferencia de apenas tres puntos. Si La Libertad Avanza logra capitalizar el descontento con un candidato competitivo, el “cordobesismo” podría tambalear. Y Llaryora lo sabe: su último diseño de gabinete, con el nombramiento de Calvo como Jefe de Gabinete, según el medio Letra P, refleja que “no está conforme con el impacto de sus políticas de gestión en el electorado”. O incluso podríamos pensar que se trata de un plan B, por si su popularidad se desploma y no llega a la elección. No va a ser él quien pierda la maquinaria que dió resultados por más de 20 años.
La coherencia perdida
La historia de Llaryora es la de un dirigente que supo construir poder desde abajo, dos veces intendente de San Francisco, vicegobernador, intendente de Córdoba, gobernador, con un currículum inobjetable. Pero también es la historia de un político que, en el momento de mayor visibilidad, eligió la frase fácil antes que la coherencia. Aquel “pituquito de Recoleta” era un eslogan, no un programa. Y como todo eslogan, tenía fecha de vencimiento.
Hoy, Llaryora se sienta en la misma mesa que criticaba. Apoya candidatos bonaerenses para el Consejo de la Magistratura mientras su propia provincia se desangra en reclamos de intendentes por el centralismo capitalino. La joven promesa del federalismo se ha convertido en un dirigente que, como los “pituquitos” que denostaba, gobierna con los recursos del interior y reparte las migajas entre los departamentos.
En 2027, los cordobeses tendrán la oportunidad de juzgar si aquel discurso de 2023 fue un genuino grito de federalismo o, simplemente, el ruido de una campaña. Todo indica que Llaryora ya eligió su bando. Y no es, precisamente, el del interior.